El Gobierno asestó en pleno 1 de mayo la estocada final a la ley de la dependencia. Porque así es como ven los expertos la decisión del Ejecutivo del PP de comprometer ante la Unión Europea un recorte el 2013 en dependencia de 1.108 millones de euros, una cantidad superior a la que la Administración central tiene presupuestada este año (1.087 millones). El coste total anual de la aplicación de la ley en España sube a unos 6.000 millones de euros, que pagan la mayoría las comunidades autónomas. Un 10% proviene del copago, es decir, lo asumen los beneficiarios.
El Gobierno colgó este miércoles en su web el Plan Nacional de Reformas 2013, enviado el martes a la UE, en que se anuncia, sin que se haya informado por ninguno otro canal, el recorte de 1.108 millones, que se desglosa en dos apartados. Se recortan, según la argumentación oficial, 958 millones, y 150 millones más, por la vía de la «simplificación en el proceso de valoraciones», que traducido significa revisar grados para rebajar los pagos. Por esta misma vía el Gobierno dice que espera otro recorte el 2014 por un valor de 168 millones de euros más.
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